Desde junio de 2012, es posible en España cambiarse de operador en tan sólo
24 horas. A partir de ese momento, se puede solicitar el traslado a
otra compañía manteniendo el mismo número en el plazo de un día laborable, en
lugar de los cuatro de antes. Arrepentirse y cancelar la portabilidad, sin
embargo, no es tan fácil. Dependiendo de con quién y dónde se haga, el usuario
tendrá que pagar (o no) una multa que en ocasiones varía dependiendo de factores
tales como el tipo de oferta o incluso terminal que contrate.
Según declaró la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en una
resolución de abril de 2011 "las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios
y de Ordenación del Comercio Minorista, impiden expresamente cobrar al usuario
algún tipo de gasto incurrido por el operador como consecuencia del
desistimiento del contrato, como es la cancelación de la solicitud de
portabilidad necesaria para la prestación de sus servicios".
No ha sido el único organismo en mostrarse en esta línea. El Instituto
Nacional del Consumo
también emitió un informe en el que advirtió de que
"cualquiera que sea el concepto por el que el operador o el distribuidor
autorizado pretendan cobrar al usuario por ejercer su derecho a cancelar la
solicitud de portabilidad, será considerado abusivo, de conformidad con el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en
sus artículos 82, 86 y 87".
Baile de multas dependiendo de cada operadora
Sin embargo, actualmente la mayoría de operadoras cobra por cancelar una
portabilidad y, como ya viene siendo habitual, cada una lo hace a su manera. De
tal forma que si un usuario decide solicitar el alta de una línea móvil en,
pongamos por caso, Movistar, y al final se echa atrás, tendrá que pagar un coste
de cancelación de 50 euros. Si lo que solicitó fue una línea ADSL, entonces la
cuota asciende a 100. Y si en lugar de Movistar lo hace en Vodafone, anular la
línea del móvil le saldrá por 40 euros y la del ADSL por 150.
En Jazztel, por su parte, cancelar la portabilidad móvil + ADSL sale por 130,
y sólo ADSL 125 euros.
Pero las cosas cambian aún más si lo gestiona en Orange. Esta operadora no
cobra la cancelación de la portabilidad móvil siempre que se haga por teléfono.
Sin embargo, sí la cobran en los puntos de venta, y además varía desde 50 euros
a 100, dependiendo de algo tan incomprensible como qué terminal se compre.
Sucede lo mismo en Yoigo, que cobra en algunas de sus tiendas, pero no por
teléfono ni en su página web.
¿150 euros por "gastos de gestión"?
El servicio de atención al cliente de Movistar ha aclarado a
Teknautas
que el cobro por esta cancelación se debe a "los abusos que están llevando
a cabo muchos clientes con las portabilidades ficticias". "Estos amagos suponen
un gasto administrativo y de personal, que al final trabaja para nada", han
añadido.
Las operadoras se
amparan en la conformidad expresada por el usuario durante la grabación en la
que solicita la portabilidad y acepta que se le cobre una
penalizaciónPero ¿ese gasto de personal equivale a 150 euros?
Según
Facua, "se trata de un
cobro excesivo que muestra la relación de falta de reciprocidad e inferioridad
que tiene el usuario con las compañías telefónicas".
Carlos Sánchez, abogado del despacho
Almeida, ha explicado que "las operadoras se amparan en la
conformidad expresada por el usuario durante la grabación en la que solicita la
portabilidad y acepta que se le cobre una penalización". Otro asunto es
considerar ese contrato lícito.
"Esa cláusula supone una penalización que sólo beneficia a una parte,
paradójicamente, la que quiere captar personal y debería asumir los riesgos.
Exactamente igual a como lo hace una inmobiliaria o una compañía aseguradora,
que sin embargo no cobran por este tipo de servicios", ha añadido.
Fianza, la alternativa de las tiendas
Si por teléfono se graba una conversación para solicitar el pago en caso de
que el usuario cancele la portabilidad, en las tiendas directamente se pide una
fianza. Sin embargo, la misma resolución de la CMT antes citada establece que
"tampoco es posible fijar al usuario garantías o anticipos de pagos previos a la
prestación del servicio que aseguren un eventual resarcimiento del operador para
el caso de que se ejercite la cancelación de la portabilidad numérica".
La cadena Phone House fue, sin ir más lejos, denunciada por Facua en junio de
2011 por estos motivos, sin que las autoridades competentes hayan actuado con la
suficiente contundencia para paralizar las irregularidades.
Según Carlos Sánchez, "siempre queda la opción de dar la orden al banco de
negar el pago y exigir un documento por escrito que verifique esa
obligación".
Visto en
elconfidencial
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