El mercado español de teléfonos móviles descendió un 10% en 2011, según la patronal electrónica Ametic –un 8% según GFK- , lo que supone la primera caída importante en diez años y, desde luego, el primer descenso desde el inicio de la crisis económica.
Según los operadores, no se trata tanto de que se haya producido una reducción drástica de las subvenciones por las que se ofrecen móviles más baratos o gratis a cambio de compromisos de un consumo mínimo por 18 o 24 meses, como de que éstas se hayan desplazado a los terminales de mayor precio, los smartphones.
Más smartphones
Es decir, que los operadores se gastan ahora más que antes en terminales caros, como el iPhone, y han recortado sustancialmente las subvenciones en el mercado de baja gama y de tarjeta prepago, por lo que la venta de estos productos se ha resentido notablemente, mermando las cifras de ventas totales.
Además, hay otro factor que ralentiza la rotación del mercado móvil. Al venderse más smartphones, que son más caros, también suben los plazos de permanencia que exigen los operadores. En vez de 12 ó 18 meses, para los equipos de gama alta se están exigiendo permanencias de 24 meses (Vodafone acaba de extender esta megapermanencia a todos sus terminales), lo que prolonga la duración del teléfono en manos del cliente y por tanto, recorta la rotación del mercado.
Espiral irracional
Pero lo más significativo es que la ralentización del mercado empieza a notarse justo cuando los operadores han destapado sonoramente su preocupación por el aumento de los costes comerciales que suponen las subvenciones a los terminales en un mercado con ventas y márgenes más bajos.
De hecho, el presidente de Vodafone España, Francisco Román, tildó el pasado septiembre el comportamiento de los operadores de "irracional", al asegurar que el sector se gasta entre 1.600 y 2.000 millones de euros anuales en subsidios, superando lo que se invierte en redes.
En realidad, y atendiendo a las propias cifras de Vodafone, la filial española destinó en el primer semestre de su actual ejercicio fiscal un 26,6% de sus ingresos por servicios a la adquisición y retención de clientes, en total más de 600 millones de libras, que no sólo suponen diez puntos más que la media europea de las otras filiales del grupo, sino que representa cuatro veces más que la cifra destinada a la inversión en redes.
Un día después de la advertencia de Román, el consejero delegado de su rival Orange, Jean Marc Vignolles, se mostró totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Y la pasada semana el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, coincidió con sus colegas y señaló que la operadora se está planteando fórmulas para recortar estos costes, como la venta de terminales a plazos o el canje a cambio de los móviles usados de los clientes.
Sin solución
El problema que tienen los operadores es que no pueden parar. Están metidos en una batalla que es imposible que gane ninguno, y siguen destinando cantidades crecientes al subsidio de terminales cuando los ingresos y los márgenes están cayendo. Y además, saben que tienen que volver a hacer un fuerte esfuerzo inversor para desplegar la nueva red de superbanda ancha móvil (4G) que ya se ha empezado a construir en EEUU y algunos países de Europa, y que en España se limita, aún, a pruebas piloto.
Saben que el modelo actual de subsidio es perverso para ellos, aunque ha permitido que España tenga, en plena crisis económica, uno de los parques más modernos de teléfonos móviles y que lidere Europa en porcentaje de smartphones sobre el mercado total.
Pero no pueden ponerle freno porque no se atreven. Si alguno de ellos decidiese, unilateralmente, levantar el pie del acelerador, sería barrido comercialmente por sus competidores en pocos meses.
Pero tampoco lo pueden hacer concertadamente. Ponerse de acuerdo es un delito contra las normas de la competencia.
En manos de la autoridad
En estas circunstancias, las miradas se vuelven hacia la autoridad. Y la pregunta que se plantea es, ¿podría algún poder público intervenir en este mercado y poner freno a esta espiral?
Al parecer, la CMT ya ha estudiado en un pasado reciente esa posibilidad, pero no dio con la tecla legal para ponerla en marcha. Y eso que, razonablemente, una medida de este porte contaría con la aquiescencia, si no abierta, si tácita de los operadores.
Pero es que sería difícil encontrar un resorte jurídico no demasiado vulnerable que permitiera a esa autoridad (ya fuera la Comisión de las Telecomunicaciones, la de Competencia, o los ministerios de Industria o Economía) limitar o prohibir los subsidios a los teléfonos, ya que el sector de las telecomunicaciones está, al menos teóricamente, liberalizado y eso supondría una grosera intromisión en la libertad de empresa.
Impopular
A eso habría que unir la más que probable impopularidad y el rechazo que soportaría la medida desde el punto de vista político.
Pero aún así, ¿podría hacerse? Previsiblemente la respuesta habría que buscarla por un método indirecto, en el que, por ejemplo, lo que se prohibiese fuera el bloqueo del teléfono para que sólo funcione con un operador, lo que se conoce como SIMlock.
Contra el bloqueo
Si, como ocurre en otros países, se prohibiese el SIMlock con el argumento de que es una intromisión del operador en un bien que compra el cliente –algo que la opinión pública podría aceptar como positivo-, probablemente el sistema actual de subvenciones del terminal sufriría un duro golpe.
En cualquier caso, algunos expertos sostienen que es metafísicamente imposible lograr una prohibición de los subsidios a los terminales –además de un pequeño suicidio político- porque el operador siempre podría hacerlo indirectamente a través del canal comercial, de las tiendas, que es cómo funcionaba el sistema en los albores de este negocio, allá por 1995. El operador entregaba una cantidad a la tienda que ésta podía emplear en rebajar el precio del terminal. Nada impediría, por tanto, que se volviese a ese sistema. Nada, excepto la voluntad de los operadores, claro.
Bueno para los grandes
¿Y que consecuencias tendría una prohibición del subsidio del móvil? En primer lugar, previsiblemente, el mercado de terminales se reduciría sensiblemente, perjudicando a los fabricantes como Apple, Samsung, BlackBerry o Motorola. En paralelo, supondría un duro golpe para las decenas de miles de tiendas de telefonía móvil que viven de la pelota que forman la renovación de terminales para los usuarios en base a los sistemas de puntos (retención) y de los trámites de la portabilidad (adquisición de abonados), que el pasado año permitieron cambiar de operador en España a más de cinco millones de personas.
Previsiblemente provocaría una fuerte reducción de los puntos de venta y una concentración del sector en el que sólo podrían sobrevivir los más fuertes.
Pero, al mismo tiempo, tendría muy buenas consecuencias para los clientes desde otro punto de vista. Una vez liberadas del enorme coste de las subvenciones –o liberadas en parte, porque su sustituto sería la venta a plazos, financiada por el operador- las compañías de móviles dispondrían de un enorme margen de recursos financieros para destinar a otras cosas.
Hasta ahora, el teléfono ha sido uno de los motores fundamentales de la competencia y del churn (cuando un cliente deja una operadora para pasarse a otra). Pero si esa vía de competencia se cegase por ley, entonces la competencia se trasladaría al modelo de financiación de terminales (lo que impactaría menos en las cuentas del operador); los planes de precios, que potencialmente serían más agresivos; y el servicio, ya que se competiría más en servicio, redes, atención al cliente, etc.
Algunos sostienen que una prohibición directa o indirecta de subsidio beneficiaría a los más pequeños, a los operadores virtuales, que ya no tendrían que competir con el gancho del terminal que ofrecen los grandes.
Pero probablemente los más beneficiados de una situación así serían los operadores más grandes, es decir, y por este orden, Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.
La razón es que los operadores virtuales no generan recursos suficientes como para poder financiar masivamente los terminales, y además, en un escenario de precios a la baja, sus ofertas perderían atractivo.
Además, una medida así congelaría el mercado o lo ralentizaría mucho, de forma que se reduciría drásticamente el churn. Si la corriente del mercado se ralentiza, si el agua deja de moverse, el más beneficiado siempre es el que tiene más agua, que ahora tiene menos posibilidades de perderla.
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