Telefónica pagará por prejubilado 400.000 euros sin coste público

Telefónica presupuestará un coste medio de 400.000 euros por cada trabajador implicado en el próximo recorte de empleo de la operadora, que afectará a cerca de 6.000 profesionales. De esa forma, la multinacional de las telecomunicaciones provisionará alrededor de 2.400 millones de euros para llevar a cabo la supresión del 20% de su plantilla en España en los tres próximos años.


Además, según explican fuentes de Telefónica, asumirá todos los gastos derivados del ajuste laboral, sin que el Estado tenga que sufragar un céntimo por la referida reestructuración. Como ya ha ocurrido en otras prejubilaciones y regulaciones impulsadas por Telefónica, la totalidad del gasto corre de cuenta de los beneficios de la compañía y no de los Fondos de Reserva, como sucede en otros sectores, como la banca.

Por todo lo anterior, lo que ocurre en Telefónica nada tiene que ver con lo que sucede con las cajas de ahorros, donde el coste de las 11.000 prejubilaciones previstas -así como el de las retribuciones a los directivos- procede en buena parte del dinero público, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Asimismo, la situación de Telefónica está en las antípodas del ERE acometido por RTVE hace cinco años, donde eliminó el 44 por ciento de la plantilla, entonces con un coste para el Estado de 1.300 millones.

Mayor coste que en Alemania

Según ha podido saber elEconomista de fuentes conocedoras de la situación, el esfuerzo económico que realizará Telefónica en su próximo ajuste será 2,6 veces mayor que el realizado recientemente por la misma compañía en Alemania. Entonces, Telefónica destinó una media de 150.000 euros por cada uno de los mil trabajadores que perdió su puesto en otoño de 2010. En total, presupuestó 150 millones.
Hasta la fecha, los sindicatos son conscientes de que las regulaciones de empleo emprendidas por Telefónica poco tienen que ver con la que sufren la practica totalidad de las empresas españolas. Al margen del importe de las indemnizaciones, el operador afirma que siempre ha llevado a cabo los ajustes de plantilla "con el total acuerdo de los sindicatos mayoritarios, respetando los principios de voluntariedad, universalidad y no discriminación", además del preceptivo visto bueno del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, Telefónica afrontará durante los próximos meses la reducción de plantilla con la convicción de que "no existe más remedio" que racionalizar la dimensión de la plantilla para asegurar la posición competitiva del operador en el mercado, circunstancias que comparten los principales sindicatos del operador, según apuntan las mismas fuentes.

Las comparaciones de Telefónica España con sus más directos competidores evidencian el desequilibrio laboral que existe respecto a sus iguales en la compañía que preside César Alierta, con más de 32.000 trabajadores en Telefónica de España, de los que 28.000 son del negocio de fijo. Según datos recientes, la teleco ocupa a más del doble de empleados que el resto de los operadores de fijo, ADLS y móvil juntos. De hecho, Vodafone emplea en España unos 4.400 empleados, Orange supera los 3.000 trabajadores y la suma de los operadores de cable y los operadores regionales ronda los 4.000 empleos.

Justificación

Es cierto que el Grupo Telefónica superó el año pasado todos sus récords de ingresos y beneficios, pero la mayor parte de esos méritos responden a la diversificación internacional emprendida por la multinacional en los últimos años. Si por el negocio de España fuera, la empresa estaría en una situación de extrema debilidad. Los ingresos de Telefónica España cayeron un 5,9 por ciento en 2009 (frente a 2008), mientras que en 2010 decrecieron un 4,4 por ciento respecto de 2009. La cuota de mercado de ingresos de Telefónica España ha caído dos puntos porcentuales de 2008 a 2010, en concreto del 55 por ciento al 53 por ciento. También dos puntos porcentuales cayó el oibda en el mismo periodo, del 49 por ciento al 47 por ciento.

El principio del año no despejó las incertidumbres a Telefónica, ya que el operador ha perdido casi 150.000 clientes por la portabilidad (clientes que cambian de operador), cuando en todo el 2010 se perdieron alrededor de 190.000.

Por si fuera poco, el pasado febrero fue el primero de la historia de la compañía en la que fue negativa la ganancia neta de líneas de Banda Ancha. Así, del total de los accesos del operador (288 millones) de Telefónica en 2010, apenas el 27 por ciento (unos 47,5 millones) provienen de España. Estos últimos aportan el 32 por ciento de los ingresos del grupo. Los accesos totales fijos de Telefónica España descendieron en 920.000 líneas. Y el importe de la cifra del negocio fijo descendió un 6,3 por ciento, alcanzando los 11.397 millones de euros.

Respecto al plan de retribuciones a directivos, dotado con 450 millones de euros, fuentes próximas al operador aseguran que sólo el 10 por ciento de los 1.900 directivos que se beneficiarán de los futuros bonos desempeñan su actividad en España. Asimismo, este tipo de iniciativas es una práctica habitual entre las principales empresas del mundo, especialmente las anglosajonas, como estrategia para reconocer la productividad de sus directivos y retener el talento.

Por otra lado, el Gobierno y el Grupo Socialista tendrán una semana más de plazo para negociar la modificación legal para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso. Esa situación ocurre, según informa Ep, después de que el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, haya prorrogado hasta el próximo martes el periodo de presentación de enmiendas a los proyectos de ley de reforma de las políticas activas de empleo y del sistema de la Seguridad Social, que acababan esta semana.

Estas son las dos vías que el Ejecutivo baraja para introducir la modificación en el tema de las prejubilaciones, ya que al tratarse de dos normas que ya están tramitándose en el Congreso de los Diputados, hay instrumentos para que el cambio legal "no tarde demasiado" en entrar en vigor, según explicó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.